La nueva Ley de Dependencia refuerza la obligatoriedad de garantizar la accesibilidad universal en edificios residenciales. En Cataluña, donde el régimen de propiedad horizontal se rige por el Código Civil autonómico, esta normativa permite ahora exigir judicialmente la ejecución de obras de mejora como rampas o ascensores si existe oposición vecinal.

La medida busca solucionar la situación de miles de personas que permanecen atrapadas en sus viviendas debido a barreras arquitectónicas. Según datos de la Fundación Mutua de Propietarios, solo el 3% de los edificios en España son plenamente accesibles, lo que convierte la adecuación del parque inmobiliario en una prioridad legal y social urgente.