La ministra de Vivienda ha defendido la intervención pública en el mercado inmobiliario como un mandato constitucional para garantizar el derecho a un techo. Según la ministra, los datos en Cataluña confirman que la contención de precios y la regulación del alquiler han logrado estabilizar la situación para muchas familias.

El debate se centra en el límite de esta intervención, con el Gobierno sosteniendo que las medidas deben mantenerse mientras persista el sufrimiento habitacional. Mientras tanto, el sector inmobiliario sigue analizando el impacto de estos topes en la oferta de vivienda disponible en zonas tensionadas como Barcelona y su área metropolitana.