La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reafirmado la postura del Gobierno sobre la necesidad de intervenir el mercado inmobiliario. Según la ministra, el objetivo es garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y evitar que los inversores saturen las rentas familiares, manteniendo las medidas hasta que la población deje de sufrir por el acceso a un techo.

Esta política de intervención genera un intenso debate en Cataluña y el resto del país, donde propietarios y promotores observan con cautela el impacto de estas regulaciones en la oferta de alquiler y en la toma de decisiones de inversión a largo plazo.