Las comunidades de propietarios en Barcelona y el área metropolitana, incluyendo municipios como L'Hospitalet de Llobregat, cuentan ahora con una mayor capacidad para regular la actividad de los pisos turísticos en sus edificios. Gracias a la aplicación de la normativa actualizada, se requiere un voto favorable de tres quintas partes de los propietarios para limitar o condicionar el uso de viviendas como alojamientos de corta estancia. Esta medida busca ofrecer un mayor control a los vecinos frente a las molestias derivadas de la alta rotación, aunque también plantea nuevos desafíos para aquellos inversores que dependen de este modelo de negocio. La normativa se perfila como una herramienta clave para equilibrar el uso residencial de las fincas y el impacto del turismo en entornos urbanos densos.